El 10 de diciembre de 2017 el entonces candidato a la presidencia Sebastián Piñera anunciaba que, de concretarse su segundo mandato, crearía una defensoría de las víctimas y reforzaría las fuerzas policiales. En ese punto enfatizó su voluntad de frenar el desprestigio de Carabineros; lo dijo sin mencionar los escandalosos fraudes descubiertos en la institución, una corruptela extendida en el tiempo, que venía dañando gravemente la confianza de la ciudadanía en la policía uniformada. Para el candidato, Carabineros era algo así como la víctima de un complot de origen desconocido que estaba afectando su honra; su misión como presidente sería, entonces, limpiar esa mancha y respaldar a la policía militarizada con mayores beneficios y mejor equipamiento. Después de los anuncios y reflexiones criticó al gobierno saliente, afirmando que “durante la administración de la Presidenta Michelle Bachelet la delincuencia y el narcotráfico han crecido de forma alarmante”. Días antes de estas declaraciones, en un debate en la televisión, Sebastián Piñera había exhibido un gráfico de barras tramposo que sugería un aumento explosivo de la delincuencia bajo el gobierno de la expresidenta Bachelet, algo que no sucedió.
Han pasado más de cuatro años desde los anuncios antes descritos y, quizás, la única promesa que se cumplió fue la de comprar equipamiento para Carabineros -desde tanquetas hasta cascos con cámaras que no funcionan- y blindar a sus integrantes de cualquier crítica a sus procedimientos. Todo lo demás, sencillamente, no ocurrió. De hecho, en junio de 2021, Katherine Martorell, en ese entonces subsecretaria de Prevención del Delito, anunció que, según la encuesta nacional de seguridad urbana, el 84,3% de las personas consultadas pensaba que la delincuencia había aumentado en el país. Esa era la percepción, pese a las restricciones de desplazamiento -cuarentenas, toques de queda- establecidas como respuesta a la pandemia. Mientras tanto, la situación de la inmigración descontrolada, que las mismas autoridades se habían encargado de vincular con el aumento de la delincuencia, no había dejado de crecer. La política que el gobierno puso en marcha sobre el asunto era confusa: por un lado, expulsiones ampliamente difundidas de ciudadanos haitianos, y por otro, una invitación mediática extendida a todos quienes huían de la catástrofe política y social venezolana, para que buscaran refugio en Chile. En ambos casos el fenómeno de los migrantes indocumentados era tratado públicamente como una crisis santiaguina, dándole la espalda a lo que estaba ocurriendo en el resto del país. Finalmente, en estos cuatro años tampoco mejoró la relación entre Carabineros y la ciudadanía, un vínculo que venía dañado desde la Operación Huracán, se quebró luego del asesinato de Camilo Catrillanca en 2018 y acabó fracturándose después del estallido de 2019.